Sánchez vuelve a fracasar en la UE: España pierde 5.000 millones en ayudas a fondo perdido
Pedro Sánchez ha vuelto a fracasar en la UE tras el acuerdo del fondo de recuperación. El pacto de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para aprobar un fondo de recuperación post-Covid de 750.000 millones de euros, de los cuales sólo 390.000 millones serán subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos, es un duro mazazo para las intenciones iniciales del presidente del Gobierno, que ha vuelto a fracasar en Bruselas después del duro varapalo que supuso perder la presidencia del Eurogrupo.
Para empezar, el recorte de los 500.000 millones de euros previstos inicialmente por la Comisión Europea en ayudas a los 390.000 millones implica que España vaya a perder por lo menos 5.000 millones de euros en subvenciones con respecto a lo previsto inicialmente, según lo anunciado por el presidente Sánchez. La cifra de ayudas inicialmente prevista hablaba de que el país recibiría 77.324 millones, finalmente el dinero comprometido con España es de 72.700 millones.
Aunque teóricamente España recibirá 140.000 millones como se había planteado inicialmente, lo importante es el desglose. Y gana peso con respecto a lo previsto inicialmente el dinero al que accederá el país en forma de préstamos, un anticipo de dinero que al final tendrán que devolver y pagar los españoles.
Además, la fórmula de reparto del fondo de recuperación que se ha pactado para que el holandés Mark Rutte apoye el plan hará que las ayudas se reciban paulatinamente durante los próximos años, con una condicionalidad clara que obligará a renunciar a la mayoría de las ‘contrarreformas’, vistas muy negativamente en Bruselas, que habían pactado Sánchez e Iglesias para acceder a La Moncloa. De hecho, los países tendrán derecho de veto, algo que no quería Sánchez.
El hecho de que, además, en el fondo de recuperación ganen peso los préstamos sobre lo previsto inicialmente -pasarán de los 250.000 planteado en un principio a los 360.000 millones- hace que esté más cerca el «rescate» que tanto rechazaba el presidente Pedro Sánchez, aunque ya en sus últimas comparecencias no negaba taxativamente que en el futuro vaya a necesitar pedir préstamos a la UE. Es algo lógico si se tiene en cuenta que el Gobierno espera este año un déficit superior al 10% y que hay servicios de estudios que alertan que, en realidad, los números rojos podrían superar el 15%, un agujero presupuestario nunca visto en la historia de la democracia.
De hecho, diversas fuentes consultadas por este periódico aseguran que la condicionalidad que impondrá el acuerdo de la UE será, en realidad, y a la espera de la letra pequeña, buena para España, ya que pondrá coto a los planes de un Ejecutivo que no tiene ningún plan B ante el déficit disparado y los elevados niveles de deuda que se avecinan durante la crisis del coronavirus.
La propuesta que ha encarrilado el acuerdo parte de un documento de 74 páginas que elaboró el equipo del ex primer ministro belga y presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, después de todas las consultas que hizo a lo largo del lunes y tras numerosas reuniones bilaterales -incluso de madrugada- celebradas entre los mandatarios durante el fin de semana.
En ese documento se contemplaba, por ejemplo, que para recibir las ayudas del fondo de recuperación los gobiernos nacionales tendrán que elaborar planes de reformas que serán evaluados por la Comisión Europea. En su análisis, Bruselas estudiará a fondo el cumplimiento las recomendaciones económicas anuales a cada país, la creación de empleo o la contribución de las inversiones en las transiciones ecológica y digital.
Posteriormente, y teniendo en cuenta el análisis de la Comisión Europea, los Estados miembros decidirán por mayoría cualificada si aprueba el plan de reformas de cada uno de los socios. No es lo que quería inicialmente Pedro Sánchez.
Una vez aprobados los planes con carácter general, los países tendrán que ir cumpliendo una serie de objetivos e hitos preestablecidos para recibir las ayudas. Su cumplimiento será evaluado por los Veintisiete a nivel técnico. En este punto, si uno de los gobiernos considera que hay «desviaciones graves» con respecto a los compromisos, pueden elevar el debate a una cumbre de líderes. Es decir, que Sánchez ha tenido que aceptar que una especie de troika -como la que dio tantos quebraderos de cabeza en 2012- tutele la política económica del país.
¿Cómo es el plan aprobado por los países de la UE?
Aunque durante la cumbre países como Alemania, Francia, Italia y España querían como mínimo 400.000 millones de euros en subvenciones y los frugales proponían a la baja en un principio 350.000 millones de ayudas a fondo perdido, finalmente el compromiso se queda más cerca de la primera cifra (390.000 millones) pero supone un recorte de 110.000 millones con respecto a los 500.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea.
El Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, la partida más relevante del fondo de reconstrucción, destinada a financiar reformas e inversiones, aumenta su dotación a 672.500 millones, pero el resto de programas del fondo sufren importantes recortes.
Por ejemplo, el de ciencia Horizonte Europa pasa de 13.500 a 5.000 millones; el de inversiones Invest EU, de 30.300 millones a 5.600; o el Fondo de Transición Justa para el clima, de 30.000 a 10.000 millones; mientras que el Instrumento de Solvencia propuesto por Bruselas para ayudar a empresas en problemas se ha fulminado por completo.
El acuerdo refuerza, además, el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a Holanda, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico.
Los países remitirán sus planes a la Comisión, y estos tendrán que ser aprobados también por una mayoría cualificada de los Veintisiete.
Después, a la hora de autorizar el desembolso de cada tramo de ayuda, si un país o varios tienen dudas, podrán elevar la cuestión a una cumbre de líderes, con lo que el pago se paralizará hasta que lo hayan abordado.
Por otro lado, aumentan los descuentos que tienen los frugales en su contribución al presupuesto por aportar más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales).
El de Holanda será de 1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial, el de Dinamarca pasará de 197 a 377 millones, el de Austria de 237 a 565 millones y, el de Suecia, de 798 a 1.069 millones, informa Efe.
Además, se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de Derecho, algo sobre lo que recelaban por sus asuntos internos Hungría y Polonia. También se mantiene la meta de que el 30% del gasto del presupuesto y del nuevo fondo de recuperación tenga en cuenta los objetivos climáticos.